Artículo publicado en: La Nueva España, 19/03/2009
Es bueno que se hable de un problema que a veces pasa desapercibido para la sociedad, es bueno que se tome conciencia de sus consecuencias y, por consiguiente, se tomen las medidas necesarias para corregirlo y, sobre todo, para prevenirlo.
En nuestro país la escolarización es obligatoria por ley hasta los 16 años, en este período los menores tienen derecho fundamental a que se les eduque y se les procure una formación integral.
Son las familias las que tienen la obligación de escolarizar a los menores y garantizar la asistencia regular y continua a clase, pero, en último término, son las administraciones públicas las responsables de que este derecho que asiste al menor se cumpla.
Las competencias en educación las tiene la Consejería de Educación; es, por tanto, esta Administración la responsable de controlar las irregularidades que en esta materia se produzcan. Pero esto por sí solo no basta, es necesario que la Consejería de Bienestar Social, a través de la Dirección de Infancia, y los ayuntamientos, a través de las concejalías de Educación, Servicios Sociales y Policía Local, se impliquen y colaboren, cada uno en el ámbito correspondiente, en prevenir, controlar y modificar conductas familiares que conlleven que los menores presenten un nivel de absentismo relevante.
Se puede considerar absentismo escolar crónico aquel donde el menor falta constantemente al centro escolar (entre 13 y 20 faltas por trimestre), no pudiendo llevar el ritmo académico marcado por la escuela. Este tipo de absentismo suele abocar en el abandono escolar.
Se considera abandono escolar cuando el menor falta a clase más de 20 días por trimestre. Este absentismo es el más grave ya que supone que se pierde todo contacto con la institución educativa, perjudicando gravemente el desarrollo educativo, intelectual y personal, así como el futuro profesional del menor.
Cuando se habla de programas específicos de absentismo escolar, sean estos municipales o de cualquier otra naturaleza, se debe tener en cuenta que para que éstos sean efectivos deben contar con los recursos necesarios, tanto económicos como profesionales para poder llevar a cabo las actuaciones necesarias, no sólo para detectar y actuar sobre los casos que existen, sino prevenir conductas absentistas, sensibilizando a las familias de la importancia de la educación y las consecuencias que este tipo de conductas tiene para el futuro del menor.
No podemos dejar de señalar que en la preadolescencia y en la adolescencia son muchas las niñas que abandonan el sistema educativo para ayudar a sus familias en el cuidado de la casa y de los hermanos menores, perpetuando así el rol que algunas culturas dan a la mujer y limitando, una vez más, su desarrollo para acceder en condiciones de igualdad a las oportunidades que la sociedad les da.
Es por esto que estando de acuerdo en que es necesario un plan municipal de absentismo escolar, digo que no podemos quedarnos en la periferia, tenemos que ir al fondo del problema aunando esfuerzos, colaborando y coordinando a todas las administraciones implicadas. Si de verdad queremos dar solución a este problema que afecta a un derecho fundamental de un sector de la sociedad muy vulnerable, los niños, no podemos ser cicateros a la hora de dotarlo de recursos; de lo contrario, una vez más, estaremos ante «un brindis al sol».
ÁNGELES FONSECA, CONCEJALA DE IU EN LANGREO
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